Real decreto de enseñanzas minimas educacion primaria

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, dispone que corresponde al Gobierno establecer las enseñanzas mínimas a las que se refiere el primer párrafo de la letra c) del apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del derecho a la educación. Las enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Este real decreto tiene por objeto establecer las enseñanzas mínimas de la educación primaria.

Las enseñanzas mínimas tienen por objeto asegurar una formación común para todos los alumnos y estudiantes del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos correspondientes, tal y como indica el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicha formación facilitará la continuidad, progresión y coherencia de los aprendizajes en caso de movilidad geográfica de los alumnos.

En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas les corresponde establecer el currículo de la educación primaria del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto, que requerirán, con carácter general, el 65% del horario lectivo y el 55% para las comunidades autónomas que tengan lengua oficial.

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La Escuela tendrá los objetivos de gestionar e impartir la enseñanza secundaria destinada a los alumnos altamente especializados en ciencias y matemáticas, en vista de su excelencia científica y matemática.

(3) Celebrar acuerdos y cooperar con organizaciones o agencias nacionales o extranjeras o con organizaciones administrativas locales en relación con la enseñanza de las ciencias y las matemáticas en la Escuela;

(2) Miembros de oficio, es decir, el Rector de la Universidad de Mahidol, el Director de la Oficina de Presupuesto, el Director General del Departamento de Educación Básica, el Director de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y el Director del Instituto de Promoción de la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología;

(3) un máximo de cuatro Miembros Expertos nombrados por el Consejo de Ministros entre personas de reconocidos conocimientos, experiencia y destreza en el campo de la ciencia, las matemáticas u otro campo relevante que sea beneficioso para las actividades de la Escuela, prescribiéndose que al menos dos Miembros deben ser expertos en el campo de la ciencia o las matemáticas y uno de estos dos Miembros no debe ser un funcionario del gobierno o de una agencia estatal;

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Durante el periodo colonial español en Filipinas (1521-1898), las diferentes culturas del archipiélago experimentaron una unificación gradual desde una variedad de costumbres y tradiciones nativas asiáticas e islámicas, incluyendo prácticas religiosas animistas, hasta lo que hoy se conoce como cultura filipina, un híbrido único de la cultura del sudeste asiático y la occidental, concretamente la española, incluyendo la lengua española y la fe católica.

El Arzobispo Miguel de Benavides, O.P. de Manila en 1610, es la universidad más antigua que existe en Asia. La biblioteca es también la más antigua del continente. Incluso contaba con su propia imprenta, traída de Europa.

La educación española desempeñó un papel importante en esa transformación. Las universidades, colegios y escuelas de formación profesional más antiguas, que se remontan a finales del siglo XVI, se crearon durante el periodo colonial, así como el primer sistema de educación pública moderno de Asia, establecido en 1863. Cuando España fue sustituida por Estados Unidos como potencia colonial, los filipinos se contaban entre los pueblos más instruidos de toda Asia, ostentando una de las tasas de alfabetización más altas de ese continente. Simultáneamente, el conocimiento de los filipinos sobre las culturas vecinas retrocedió[1].

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El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está constituido por la Constitución Española de 1978 y los estatutos que desarrollan los principios y derechos recogidos en ella: la Ley Estatutaria del Derecho a la Educación de 1985 (Ley Orgánica 8/1985), la Ley Estatutaria de Formación Profesional y Cualificaciones (Ley Orgánica 5/2002), la Ley Estatutaria de Educación (Ley Orgánica 2/2006) y la Ley Estatutaria de Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 8/2013).

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, el sistema educativo español ha sufrido un proceso de cambio en el que el Gobierno Central ha ido transfiriendo funciones, servicios y recursos a las comunidades autónomas. Entre 1981 y 2000, las funciones, servicios y recursos de la educación universitaria y no universitaria fueron asumidos por todas las comunidades autónomas.

Fachada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Este modelo descentralizado distribuye las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las instituciones educativas. El Estado conserva las competencias exclusivas para asegurar la unidad, la homogeneidad y la garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos educativos fundamentales, recogidos en la Constitución. En su mayor parte, se trata de competencias normativas que regulan aspectos básicos del sistema, aunque algunas tienen un carácter más ejecutivo.