Ministerio de educacion y formacion profesional murcia

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa que pretenda menoscabar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado, según ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

La imposición del llamado ‘pin parental’ por parte de la Región de Murcia a sus centros educativos, con el que se pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar previa y expresamente la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad que se celebre en el centro, recibiendo información previa de todos ellos, es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE) , a las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género. Esta iniciativa también ha generado una gran polémica y rechazo por parte de la comunidad educativa.

Las instrucciones para el inicio del curso 2019-2020 de la Región de Murcia recogen la obligación para todos los centros educativos de imponer esta ‘censura previa’ para todas las actividades de los centros. No obstante, los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que también son evaluables. El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una “objeción de conciencia encubierta” que podría aplicarse a los contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española.

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Las directrices de las políticas educativas nacionales se discuten y deciden en la Conferencia Sectorial de Educación, integrada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuyo titular ejerce la presidencia, y las 17 Comunidades Autónomas, representadas por sus Consejeros de Educación[5]. La Conferencia se estructura en 6 comisiones temáticas coordinadas por la Comisión General de Educación. Estas comisiones funcionan como órganos de cooperación permanente y en ellas participan los directores generales responsables de las distintas materias en sus respectivas comunidades autónomas[6].

Por su parte, el Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el sector educativo[7]. Su ámbito de actuación es nacional y desarrolla labores de consulta y asesoramiento al Gobierno en todas las cuestiones relacionadas con el sistema educativo[8]. El Consejo integra los Consejos Escolares Autonómicos.

Además, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se encarga de la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del Programa Erasmus+ (2014-2020) en el ámbito de la Educación y la Formación. A nivel institucional, el SEPIE colabora con los gobiernos regionales y las universidades, destacando su vinculación directa con las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs), con las que las redes de estudiantes mantienen una cooperación continua.