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El proyecto “Sistema participativo para la gestión del agua y para el desarrollo socioeconómico sostenible del Alto Embalse del Río Petorca en Chile”, gestionado por la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, una universidad estatal chilena con sede en Valparaíso, ha contribuido a la seguridad hídrica en el Embalse del Río Petorca proponiendo un modelo participativo para la gestión del agua del embalse. Esto ha fortalecido la red de 25 organizaciones cooperativas de Agua Potable Rural (APR) y extensiones de comités ciudadanos locales. Según la ley chilena, la red de APR gestiona la distribución de agua potable en las zonas rurales del país.

En Chile, todo el ciclo de gestión del agua, desde la captación hasta la distribución, se delega en empresas privadas. Estas empresas se remiten a una normativa que delimita los ámbitos en los que están obligadas a organizar la distribución de agua para uso doméstico y público o para actividades productivas y comerciales. El Código de Aguas es el conjunto de leyes relativas al uso de los recursos hídricos y, aunque reconoce que el agua es un bien público, subraya que la gestión del agua debe responder a los criterios de oferta y demanda del mercado.

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Los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional surgen de la transformación de los antiguos Institutos de Formación Profesional (IFP) o Universidades Laborales a través de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo -Ley Orgánica 1/1990-), actualmente modificada y sustituida por la LOE (Ley Orgánica de Educación -2/2006-). [2]

Cada CIPFP está dirigido por un equipo directivo, con un director, un subdirector, generalmente varios jefes de estudios, un secretario y un vicesecretario. Además de los jefes de cada departamento pedagógico de las familias que se imparten, el jefe del Departamento de Orientación Educativa, el jefe de Formación Empresarial y el jefe de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El máximo órgano de gobierno del CIPFP es el Consejo Social, en el que están representados todos los componentes de la comunidad educativa (alumnos, profesores, personal de administración y servicios, dirección del centro y un representante del Ayuntamiento o de una institución social representativa) . [3]

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Los programas se ofrecen en sectores en los que se necesita mano de obra cualificada. El contenido de los programas de HVE se basa en los conocimientos que se han desarrollado a través de la producción de bienes y servicios. El objetivo es que los programas conduzcan a un puesto de trabajo o a un autoempleo directamente después de haber cursado el diploma. El contenido y las especializaciones de los programas de HVE varían en función de las necesidades del mercado laboral.

Los programas de HVE se elaboran en respuesta a las necesidades de la industria. Los programas son de nivel post-secundario y proporcionan competencias en áreas profesionales como, por ejemplo, la construcción, la informática, la agricultura, los medios de comunicación, la asistencia sanitaria y los cuidados, la tecnología, la restauración y las finanzas y la administración de empresas.

Para solicitar la admisión a un programa de HVE, debe cumplir el requisito de admisión relativo a la elegibilidad. Los requisitos para ello son comunes a todos los programas de HVE; el más importante es que se espera que complete el programa.

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En septiembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Organización e Integración de la Formación Profesional. En este último trimestre del año se llevará a cabo su tramitación parlamentaria en ambas cámaras, Congreso y Senado.

El texto consolida la Formación Profesional en un único sistema al servicio de los estudiantes y de los trabajadores ocupados o desempleados. Este nuevo sistema integrará la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.

La futura Ley establecerá una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores (tanto ocupados como desempleados). Se organizará en itinerarios formativos que permitan la progresión a través de cinco grados ascendentes: acreditación parcial de competencias (Grado A), Certificado de Profesionalidad (Grado B), Certificado de Profesionalidad (Grado C), Ciclos Formativos (Grado D) y Cursos de Especialización (Grado E).

El proyecto de Ley de Formación Profesional regula la relación entre la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, promoviendo el reconocimiento mutuo, como los créditos de educación superior, para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos.

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